Más de 200.000 personas de 183 países piden a Repsol la suspensión de las perforaciones petrolíferas en Canarias
Las principales organizaciones no gubernamentales de defensa ambiental (WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) han entregado en la oficina central de REPSOL en Madrid más de 200.000 firmas pidiendo a su presidente, Antonio Brufau, la suspensión inmediata de las perforaciones que la multinacional pretende realizar frente a las Islas Canarias tras recibir la conformidad del Ministerio de Medio Ambiente para iniciar las catas.
Las organizaciones medioambientales han entregado las peticiones junto con un responsable de la campaña canaria contra las prospecciones, en la que participan tanto las ONG ecologistas como diversos colectivos sociales, fundaciones, entidades científicas, y administraciones públicas de las islas, del resto de España y de otros países desde marzo de 2012, fecha en que el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 547/2012, que abría la puerta a la petrolera para realizar las prospecciones. El Gobierno de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han estado expresamente representados hoy en la entrega de firmas al presidente de Repsol, así como el Patrón Mayor de la Cofradía de La Restinga (El Hierro).
Los ecologistas reclaman a la multinacional que atienda, respete y acepte sin demora las demandas de la población canaria, del sector turístico internacional y de la comunidad científica, sectores que vienen alertado reiteradamente de los riesgos de las prospecciones sobre el medio natural oceánico y costero, sobre el turismo -principal sustento económico de las islas-, e incluso sobre el abastecimiento de agua potable a la población, ya que el 100% de este recurso en Lanzarote y Fuerteventura procede del agua del mar. Las cinco organizaciones lamentan que el Ministerio de Medio Ambiente, máxima autoridad española responsable de la conservación de los valores naturales, adopte decisiones que no solo no garantizan la conservación de una de las zonas más ricas del mundo por su biodiversidad, sino que la amenazan de forma grave.
La zona donde Repsol pretende perforar se localiza en una franja oceánica de 616.000 hectáreas, a 9,7 kilómetros de Fuerteventura y a 18 kilómetros de Lanzarote, y coincide con una de las 10 áreas marinas de España designadas por el proyecto LIFE-INDEMARES para su inclusión en la Red Natura 2000 por sus excepcionales valores biológicos. Este espacio está pendiente de ser declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y alberga una de las comunidades de cetáceos más importantes del mundo, con 29 especies diferentes entre los que destacan zifios, rorcuales, cachalotes, delfines, calderones y orcas. La Declaración de Impacto Ambiental favorable a Repsol reconoce la posibilidad de que, en caso de producirse un derrame grave durante los sondeos y el pozo se descontrolara, las Islas Canarias recibirían el 5,85% de los vertidos y el 26,2% impactaría contra la costa marroquí.
El Tribunal Supremo aplazó la semana pasada las deliberaciones sobre los siete recursos interpuestos contra las prospecciones de Repsol en el archipiélago. Las ONG´s valoran positivamente que todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados se hayan distanciado del Gobierno en este asunto, y muestran además su firme respaldo a la población canaria por haber expresado masivamente su oposición al proyecto de Repsol. La manifestación del sábado 7 de junio fue la mayor manifestación registrada en la historia de Canarias y una de las expresiones sociales más significativas de España y de Europa en un conflicto de índole ambiental, con más de 200.000 personas en las calles de sus ocho islas habitadas, según la estimación de los organizadores.
Las firmas, recogidas a través de la iniciativa www.savecanarias.org, proceden de 183 países y suscriben un manifiesto dirigido al presidente de Repsol, a los máximos responsables de las otras dos petroleras que integran el consorcio para operar en Canarias (la alemana RWE DeaEnergy y la australiana Woodside), así como a los presidentes de los gobiernos de España, de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo; los mandatarios públicos recibirán las firmas en los próximos días en sus respectivas sedes oficiales.