"La sentencia del Prestige es una burla a la sociedad"

13.12.2013
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En estos términos tan contundentes se expresan hoy Ecologistas en Acción. Nunca Máis, otras organizaciones ambientales y plataformas ciudadanas que ayudaron en la catástrofe del Prestige se expresan en parecidos términos.

La Audiencia Provincial de A Coruña sólo condena al capitán del 'Prestige' a nueve meses por 'desobediencia a la autoridad'.

"La sentencia del Prestige es una burla a la sociedad", dicen desde Ecologistas en Acción. "La sentencia del Prestige concede a España impunidad con los delitos medioambientales", escribe Greenpeace en su comunicado de hoy. Según WWF, "ejemplifica la indefensión de nuestros mares". La plataforma "Nunca Máis" ha calificado de "injusta" y "lamentable" la sentencia por la marea del Prestige al entender que se trata de un fallo "político" "al dictado de los intereses del PP", por lo que estudiará recurrirla.

Para todos es decepcionante porque, como explican Ecologistas en Acción "no sólo no ha determinado responsabilidades respecto de otros responsables políticos del Gobierno o de la cadena de propietarios y gestores del buque, sino que ha absuelto a los que estaban acusados en el proceso. La única condena ha sido de 9 meses para el capitán Apostolos Mangouras, pero por un delito de desobediencia respecto de las autoridades españolas" y no por un delito ambiental.

A pesar de que la sentencia reconoce el deficiente y precario estado del petrolero y que el control de la inspección realizada tiempo atrás por la empresa ABS no fue adecuado, los jueces no encuentran responsabilidades en ese ámbito. Ecologistas en Acción entiende que si el estado del buque es notoriamente deficiente y se produce un accidente que ocasiona un grave vertido la responsabilidad debe atribuirse a quienes tuvieron la capacidad de tomar decisiones sobre la navegabilidad del barco, que no son otros que las empresas propietarias y el capitán.

"Más sorprendente", continúa esta organización", es la absolución de quien aparece en el proceso como el único responsable administrativo del alejamiento del petrolero accidentado: el Director General de la Marina Mercante. Para Ecologistas en Acción, no es de recibo considerar, como hace la sentencia, que acercar el barco a la costa hubiera traído más problemas que el alejamiento. En aquellas fechas ya existían protocolos y había experiencia sobre que un posible derrame en un puerto supone un impacto económico y ecológico menor que en mar abierto, donde se dispersa y reparte la contaminación, como se comprobó después, por cientos de kilómetros de costa. No se puede afirmar que las autoridades españolas tuvieran en ese momento el asesoramiento adecuado."

“El medio ambiente es el gran perdedor en este proceso judicial, y con ello toda la sociedad. Tras once años de investigación, es muy grave que no se hayan encontrado culpables entre la maraña de empresas implicadas”, denuncia Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. Y apunta: “Es lamentable que finalmente los daños ambientales y económicos del Prestige estén siendo sufragados por todos los ciudadanos españoles”.

"La sentencia demuestra que en España no estamos preparados para juzgar una catástrofe medioambiental ni para condenarla ni para defender el medio ambiente", ha declarado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace.

Con ese sentimiento de impotencia, en una catástrofe ambiental que movilizó a buena parte de la sociedad civil y el voluntariado, la respuesta judicial se interpreta como que otro Prestige es posible porque no se puede exigir responsabilidades a las empresas implicadas puesto que la legislación internacional las ampara, y tampoco se puede demostrar negligencia o dolo en los responsables políticos porque no se pueden juzgar las decisiones de estos, por lo tanto una nueva marea negra es posible.

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