Salir de la crisis con dignidad y derechos

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón se han reunido por primera vez con Jorge Moragas, Jefe del Gabinete del Presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, para expresarle sus preocupaciones por las consecuencias que están teniendo las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis. Estas medidas impactan negativamente en los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social.

Las tres organizaciones han presentado al Ejecutivo un Decálogo de Medidas frente a la Crisis y les piden un cambio de rumbo con respecto a las políticas emprendidas hasta el momento.

En esta reunión, los directores de las tres organizaciones, cada una en su ámbito, han recomendado al Gobierno entre otros aspectos que:

• Se frene la desigualdad social impulsando un cambio de rumbo en las políticas de austeridad, de forma que se priorice la inversión en derechos humanos y el blindaje legal de los derechos sociales consagrados en la Constitución para todas las personas sin discriminación.

• Se modifique el Real Decreto Ley 16/2012 y se garantice el acceso al derecho a la salud para todas las personas, sin discriminación e independientemente de su situación administrativa.
Se asegure que ni la reforma del Código Penal ni la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana limitan el derecho a manifestación pacífica de manera injustificada y contraria al derecho internacional.

• Se establezca una legislación que prohíba expresamente los desalojos forzosos, tal y como reconocen las normas internacionales ratificadas por España. Las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos no han sido suficientes para solucionar el problema de la vivienda en España.

• Se implante de manera inmediata una tasa a las transacciones financieras y que los ingresos esperados por esta tasa se destinen al desarrollo social y a proteger a las víctimas de la crisis en España.

• Se recupere de manera progresiva la cooperación para el desarrollo en 2014, con el objetivo de volver a situar a España en los niveles correspondientes al tamaño de su economía.

• Se reformen los mercados eléctricos para garantizar el acceso prioritario a la red a los productores de renovables con un marco legal que incentive la inversión en el sector. A la par que se ponga fin a todas las subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, y se apoye el ahorro y la eficiencia energética.

• Se fomente la gestión racional y sostenible de los montes; se garantice el futuro de la pesca y de la biodiversidad marina mediante la defensa de la pesca artesanal y sostenible; se apoye la agricultura ecológica y se prohíban los cultivos transgénicos.

• Por último, las tres organización recuerdan que la época de crisis no puede ser una excusa para relajar los controles sobre el comercio de armas, ya que consideran que existe una tensión entre las restricciones que establecen la Ley sobre comercio de armas y la voluntad del Gobierno de incrementar su venta en el exterior.

Tras la reunión, las tres organizaciones valoran positivamente que el Gobierno haya abierto una puerta al diálogo con la sociedad civil, algo que esperan sea productivo. Carmen López, responsable de Comunicación de Amnistía Internacional, ha explicado a El Correo del Sol que "en principio se establecerán diversas reuniones de trabajo, pero todavía están por definir".

Por parte del Gobierno, ha habido un compromiso en estudiar y avanzar en aspectos como:

• Revisar la legislación sobre desalojos, de acuerdo a la legislación internacional, como las salvaguardas del Comité DESC de Naciones Unidas, o la ley francesa sobre desalojos.

• Fomentar un diálogo con la sociedad civil antes de hacer cambios legislativos que afecten al derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión, derechos angulares en sociedades democráticas, en proyectos legislativos como la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.

• Estudiar la manera de impulsar la economía verde y eliminar trabas a las energías renovables, para impulsar la protección y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, a la vez que se convierte en una fuente de generación de empleo.

• Avanzar en el apoyo de la Tasa a las Transacciones Financieras por parte del Gobierno español.

Sin embargo, las tres organizaciones lamentan especialmente dos aspectos:

El primero, la falta de enfoque de derechos humanos en temas como la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 sobre sanidad. Un decreto con el que se han retirado al menos 873.000 tarjetas sanitarias a personas migrantes en situación irregular. Aunque se ha comprometido, a evaluar el impacto de esta medida.

Y el segundo, la supeditación de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la recuperación económica del país, limitando los proyectos de cooperación con terceros países a operaciones en las que participa el ejército.