Tres jóvenes denucian al Gobierno británico por el impacto del cambio climático en los derechos humanos

Tres jóvenes han llevado a los tribunales al Gobierno británico alegando que la inacción ante el cambio climático supone "una vulneración de los derechos humanos" y reclamando una hoja de ruta a la altura de la crisis. La acción legal, respaldada por el grupo Plan B, se produce a los pocos día de que el Tribunal Constitucional alemán forzara al Gobierno a mejorar sus objetivos de reducción de emisiones, tras las demanda presentada por una estudiante de ciencias agrícolas (Sophie Backsen) alegando que la subida del nivel del mar puede anegar la finca  agrícola de sus padres en la isla de Pellworm, en el Mar del Norte.

Los tres denunciantes en las islas británicas -Marina Tricks, Adetola Stephanie Onamade y Jerry Amokwandoh- son también estudiantes de poco más de 20 años y provienen de México, Trinidad y Tobago y Ghana, respectivamente. El argumento de base es similar al usado ante los tribunales alemanes: la "protección climática".

"Como jóvenes y miembros de la futuras generaciones, se nos está básicamente negando el derecho a la vida con el desvío de miles de millones a la misma economía del carbono que ha causado esta crisis", declaró a The Guardian Marina Tricks. "Estamos en el epicentro de la destrucción, contribuyendo a los privilegios del norte global".

La denuncia británica incide en el impacto de la crisis climática en las comunidades menos favorecidas y su contribución a "la injusticia social de género, raza o desigualdad económica".

"Las comunidades indígenas y la gente de color están en primera línea de fuego de esta crisis", alega Tricks, que asegura haber sido tesigo en México de los movimientos migratorios causados por el clima extremo. "La pandemia ha servido para hacer visibles las profundas desigualdades de nuestra sociedad... y aun así nos enfrentamos a una crisis aún mayor que va a exacerbar las desigualdades aún más".

Los intentos anteriores de la organización Plan B de vincular los derechos ambientales y los derechos humanos fueron sin embargo desestimados por los tribunales británicos, sobre todo en el pleito contra la polémica expansión del aeropuerto de Heathrow, que sin embargo tuvo mucho eco en la opinión pública.

El Gobierno británico ha fijado la meta más ambiciosa hasta la fecha de reducción de emisiones en todo el mundo (68% en el 2030) y ha impulsado junto a un largo centenar de países el compromiso global de cero emisiones para el 2050 que será uno de los objetivos fundamentales de la COP26 de Glasgow.

De momento no ha habido reacción oficial a la denucia de los tres jóvenes, centrada en la falta de acciones concretas para alcanzar esas metas. En Alemania, el portavoz del Gobierno federal Steffen Seibert acogió la sentencia del Constitucional como “un éxito para los jóvenes de esa generación”. La canciller Angela Merkel se comprometió a modificar la ley climática a largo de la legislatura para fijar una reducción de emisiones superior al 55% con respecto a los niveles de 1990.

La batalla por la "protección climática" en los tribunales arrancó realmente en los Países Bajos hace dos años, con el fallo del Tribunal Supremo a favor de la organización Urgenda y de 900 ciudadanos que reclamaron a su Gobierno una reducción más drástica de la emisiones. Varias iniciativas legales más o menos similares están en marcha en decenas de países de todo el mundo para forzar a los gobiernos a subir el listón ante la crisis climática.