¿Qué es el Mandato de Comercio Alternativo?

8.1.2014
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Organizaciones activistas de todo el mundo promueven un cambio en las relaciones comerciales entre países y entre personas y empresas. 

Más de cincuenta organizaciones sociales europeas han elaborado un "Mandato de Comercio Alternativo" que pide un cambio en la política comercial de la Unión para mejorar la transparencia, proteger el entorno natural y los derechos de las personas frente a las grandes empresas. El mandato es apoyado por eurodiputados de los partidos de izquierda y verdes. 

Luis Rico, de Ecologistas en Acción, reclama, por ejemplo, que la Comisión abra un debate sobre las negociaciones comerciales que mantiene con otros países. También pide que se prohíban las importaciones de productos transgénicos y que se exijan más responsabilidades a las empresas en casos de violación de derechos, daños al medio ambiente o evasión fiscal.

 

El eurodiputado Paul Murphy sostiene que la Comisión está actualmente en una guerra a favor de los banqueros y las grandes empresas que se expresa en las políticas de "austeridad" y en acuerdos exteriores antidemocráticos de "libre comercio". 

La alianza del Mandato de Comercio Alternativo está formada por grupos de campesinos y campesinas, grupos que trabajan en materia de desarrollo, activistas del comercio justo, sindicalistas, trabajadores y trabajadoras migrantes, ambientalistas, grupos de mujeres, derechos humanos, consumo y de base confesional de toda Europa que buscan desarrollar una visión sobre los temas comerciales que sitúe a las personas y el planeta por delante de las grandes empresas.

El texto del Mandato ha sido desarrollado a través de un amplio proceso de consulta con la sociedad civil en toda Europa. Los grupos que integran y apoyan el Mandato de Comercio Alternativo no coinciden necesariamente con todos los puntos de este documento, pero respaldan sus líneas generales.  

Principios básicos

• Que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos indígenas, los derechos laborales y la protección del ambiente primen por encima de los intereses empresariales y privados.

• La transformación estructural, el acceso universal a servicios públicos de calidad, la protección social, normas laborales y ambientales más estrictas, la democracia y la transparencia.

• Que los Gobiernos regulen las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.

• Que los países, las regiones y las comunidades puedan controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.

• Que la política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar el comercio local y regional –y a darle prioridad– por encima del global, por ejemplo, en el sector de la alimentación.

• Que los Gobiernos y los parlamentos europeos puedan exigir a sus corporaciones que rindan cuentas por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en Europa y el resto del mundo.

• Que se respete la soberanía alimentaria, y se permita que países y comunidades prioricen los sistemas alimentarios locales y regionales.

• Que se fomente una política industrial que favorezca una transición justa hacia otro modelo de desarrollo.

• Que se fortalezcan las regulaciones sociales y ambientales, y se garantice la total transparencia de las cadenas de valor mundiales.

• Que se asegure una distribución justa de la renta en las cadenas de valor mundiales, garantizando unos ingresos estables y dignos a los productores y trabajadores, y precios asequibles a los consumidores, especialmente en lo que respecta a necesidades como alimentos y medicamentos.

• Que los Gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas tengan plenos derechos para regular los mercados financieros y el sector de los servicios financieros con el fin de proteger los derechos sociales y el bienestar, asegurar la sostenibilidad, salvaguardar el control democrático y garantizar la estabilidad financiera (entre otras medidas, limitando los movimientos de capital).

• El intercambio de conocimientos y el libre acceso a estos, por ejemplo, a través de sistemas de código abierto, iniciativas de intercambio de semillas o patentes mancomunadas, y sistemas de licencias abiertas para promover la innovación y el acceso a medicamentos.

• Que ciertos sectores, entre los cuales estarían bienes públicos como el agua, la salud y la educación o los servicios financieros, queden excluidos de las negociaciones de la UE en materia de comercio e inversiones.

• Que se reconozcan responsabilidades comunes pero diferenciadas para los países en desarrollo y se garantice un trato especial y diferenciado para los más pobres.

• Que se aplique el principio de precaución (por el que se asume la responsabilidad de proteger al público de daños potenciales, aunque aún no estén demostrados) en todas las regulaciones y normas de comercio e inversiones.

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