¿Multas para quienes compartan coche gracias a internet?

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El Ministerio de Fomento emitió ayer, lunes, un comunicado en el que advierte a los usuarios de servicios de coches compartidos que no cuentan con la correspondiente autorización de transporte para operar que incurren en una "infracción muy grave" que puede conllevar multas de entre 401 y 600 euros. La sanción para las empresas o personas que promuevan, oferten o presten estos servicios sin tener dicha licencia administrativa puede oscilar entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 euros en caso de reiteración. Indican que estas multas están fijadas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Este texto establece que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración.

Según informa InfoLibre, empresas que facilitan compartir coche como Amovens están tratando de descifrar el anuncio. Amovens es una de las plataformas online que podrían resultar afectadas. Otras plataformas para compartir coche como Carpooling y BlaBlaCar están calibrando en qué medida les afecta la polémica normativa, aunque BlaBlaCar tranquiliza a sus usuarios en su página web asegurando que "compartir gastos es legal": "ni BlaBlaCar ni los usuarios de BlaBlaCar, que solo comparten los gastos del viaje, se dedican al transporte de viajeros por cuenta ajena". Tampoco hay "ánimo de lucro" por lo que la empresa opera "de acuerdo con la legislación", explican en un comunicado. 

Parece que las medidas anunciadas por el ministerio de Ana Pastor responden más al próximo lanzamiento de la empresa estadounidense Uber, que a las redes sociales más extendidas, informa InfoLibre. Esta compañía ha puesto en pie de guerra a los taxistas, dispuestos a ir a huelga para frenar su implantación. Esta aplicación móvil pone en contacto a conductores y usuarios para organizar traslados y viajes pero se cobra por ello, como explica su web. 

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Frente a las informaciones legislaciones restrictivas de otras locorregionales, los gigantes Vtc han topado en la Comunidad de Madrid un edén regulatorio. La Administración local se ha impedido a someter tiempos de contratación previa a las Vtc como en otras juntas e aún ha pretendido por liberar el taxi, con medidas como dejar compartir el vehículo y determinar un importe pactado antes del viaje.

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