La política del gobierno expulsa a las grandes constructoras de las energías renovables

17.3.2013
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Después de cinco años de crecimiento, grandes constructoras como Acciona, FCC, ACS y Sacyr se retiran del sector verde al reducirse drásticamente sus expectativas de beneficio por culpa de las nuevas normas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy, con su ministro de Industria, José Manuel Soria, como máximo responsable del giro. 

José Manuel Soria, ministro de Industria.

El presidente del gobierno ha repetido siempre que ha tenido ocasión que trabajaba para cambiar el modelo productivo, lo que no aclaraba era en qué sentido. Ahora resulta evidente que no pensaba en las energías renovables, un sector donde España destacaba a nivel internacional, hasta el punto de que era presentada como modelo por el primero candidato y luego presidente Obama.

El Real Decreto (2/2013) ha eliminado los incentivos a las energías limpias y las ha sometido a la tarifa establecida de acuerdo con las grandes compañías eléctricas que buscan reducir su déficit. Es la última de una serie de cambios legales que ha provocado una reacción en cadena de las grandes constructoras:

• Acciona, la constructora que se ha volcado con más decisión en las energías renovables, ha anunciado que reducirá a la mitad sus inversiones en el sector en España. 

• FCC venderá sus 14 parques eólicos y sus centrales solares. 

• Sacyr ha puesto a la venta sus plantas de biomasa. 

• ACS ha vendido activos en parques eólicos por valor de 500 millones de euros en los dos últimos años. En cambio, se ha adjudicado recientemente la construcción y mantenimiento de dos plantas fotovoltaicas en Sudáfrica.

Por otra parte, los pequeños inversores, agrupados en las cuatro principales asociaciones nacionales de las energías renovables (ANPIER, PROTERMOSOLAR, APPA y UNEF), que representan al 70% del sector, han hecho una denuncia pública sobre la situación de “acoso y derribo” y han anunciado que sus abogados están estudiando los últimos cambios legislativos para tomar medidas legales contra “la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables”.

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