La protección de los parques nacionales, amenazada por el Gobierno

La protección de los parques nacionales se ve gravemente amenazada. La Red de Parques Nacionales, las 15 joyas de la naturaleza española con un siglo de historia, van a perder su estatus de máxima protección si salen adelante las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentó el lunes 20 de octubre, en el Senado, durante la tramitación del proyecto de Ley de Parques Nacionales. La prohibición de actividades como la caza, la pesca, las actividades de explotación forestal masiva y un largo etcétera queda supeditada a la voluntariedad de los propietarios o a la indemnización. 

Las cinco grandes organizaciones de conservación de la naturaleza en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el proyecto de Ley debilita la cohesión y fortaleza de la red y destruye las herramientas de conservación de cada espacio. Tras presentar un mal proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha aprovechado ahora el paso por el Senado para colar una serie de enmiendas que empeoran todavía más el texto legal.

Las enmiendas dan amplio margen de maniobra a los titulares de derechos particulares para que puedan practicar actividades de todo tipo en estos espacios protegidos. Este es el texto de la enmienda más preocupante:

Enmienda278, presentada por el Grupo Parlamentario Popular: Se modifica la disposición adicional séptima, apartado 1,  para añadir una frase al final del párrafo, quedando el texto redactado como sigue: “1. Las administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta Ley a las determinaciones contenidas en los artículos 6 y 7 de la misma, con la excepción de lo relativo a las superficies mínimas establecidas en el artículo 6.1 c). Las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros. En estos casos, los plazos anteriores se entenderán prorrogados hasta la celebración de dichos acuerdos o la aplicación de cualquier otro procedimiento para el rescate los correspondientes derechos”.

La enmienda 278 plantea, sencillamente, la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida. Se trata, por tanto, de un hurto genérico del interés general declarado en la ley que, de esta forma, queda sencillamente invalidado. A partir de la nueva ley no hay normas derivadas de un parque nacional, que se limita a ser un mera marca, no precisamente de calidad.

Una enmienda así habría permitido, con toda normalidad, proyectos que fueron parados en su día como la construcción de la carretera costera de Doñana, las maniobras militares en Cabrera, las transformaciones hidroeléctricas en Aigües Tortes, la urbanización de Picos de Europa y las actividades mineras en el Teide y en Picos de Europa..

Por otra parte, la enmienda ampara cualquier derecho real que pueda existir a futuro sin ningún tipo de limitación. Si mañana aparece petróleo en Doñana, se podrá explotar; y si pasado mañana un Ayuntamiento recalifica medio Picos de Europa, se podrá urbanizar. La modificación presentada por el grupo popular, incumple todos los principios de interés general y relega la primacía de lo público y el interés por la conservación. Ya no hay ningún lugar en el territorio nacional en donde conservar el patrimonio natural sea el máximo fin. Los parques nacionales no ocupan ni el 1% del territorio. Es lamentable que un Estado no sea capaz de mantener a salvo de la explotación ni siquiera esa ínfima porción de su territorio. 

Propuesta de los grupos ecologistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran  que la Ley de Parques Nacionales es una pieza angular del sistema de protección de la naturaleza en nuestro país y no conciben que sea puesta en peligro para favorecer intereses privados. Por eso, pedimos al Partido Popular la retirada de esta ley y solicitamos al resto de partidos la repulsa absoluta a esta propuesta. En defensa del bien común, movilizaremos a la ciudadanía para evitar que el patrimonio de todos sea puesto en manos del interés de unos pocos.

Vía: WWF España