El Gobierno británico prohíbe el “fracking”
Tras las alarmas que han provocado los movimientos sísmicos que provoca este sistema de extracción de gas pizarra
El Gobierno británico ha decidido prohibir la extracciones de gas pizarra por el controvertido método del “fracking” (fractura hidráulica) tras un reciente informe oficial que advierte que es imposible predecir la magnitud de los movimimientos sísmicos que provoca. La decisión supone un giro de 180 grados en la postura mantenida por el “premier” Boris Johnson, que en su día bendijo el “fracking” como “una noticia gloriosa para la humanidad” y anticipó que “no quedaría un piedra por fracturar” en el Reino Unido.
El impulso al “fracking”, tras una primera moratoria de 18 meses por dos terremotos ocurridos en el condado de Lancashire, lo dio David Cameron en el 2014. El entonces líder conservador anunció que hasta el 64% de la campiña ingles -e incluso los parques nacionales- podrían perforarse a la busca del “maná” energético, pese a las protestas de los grupos ecologistas que boicoteraron las primeras prospecciones en lugares como Balcombe o Blackpool.
Las alarmas volvieron a sonar precisamente en Lancashire, a la altura de Preston New Road, en la única explotación de “fracking” que funcionaba en el Reino Unido. La detección de varios temblores de tierra, por encima de los límites fijados por el Gobierno, obligaron a intervenir a los científicos de la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA).
El informe de la OGA ha advertido que no es posible prededir la magnitud de los temblores ni descartar “consecuecias inaceptables” a quienes vivan en las cercanías de las prospecciones de “fracking”, que requieren las inyección de agua, productos químicos y arena a altas presiones para fracturar la roca y liberar el gas.
El Gobierno ha decidido no solo paralizar indefinidamente el funcionamiento de las instalaciones en Lancashire, sino advertir a las compañías de gas que no está dispuesto a respaldar futuros proyectos de “fracking”. La industria llevaba ya languideciendo en los últimos tres años por las resistencias de las comunidades locales. Se estima que las subvenciones y ayudas económicas han costado hasta la fecha más de 36 millones de euros a cambio de la producción de cero energía.
Para los grupos ecologistas, se trata de “una victoria del sentido común”. “Estaba claro desde hace tiempo que la burbuja del “fracking” propiciada por el Gobierno tenía que explotar”, advirtió Rebecca Newson, portavoz británica de Greenpeace. Para Craig Bennett, de Amigos de la Tierra, “la nueva moratoria es una tremenda victoria para las comunidades y para el clima, después de la larga lucha de David contra Goliath sostenida durante casi una década”.
