Como hemos contado las empresas de telefonía móvil podrán “expropiar” tejados para sus antenas. Esta imposición está avalada por la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Por ello, en Zaragoza se ha creado un frente común entre la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) y el Colegio oficial de Administradores de fincas de Aragón que tiene como objetivo denunciar la situación actual sobre las antenas de telefonía, en muchos casos ilegales.

Ambas entidades impulsarán una campaña informativa que puede ser muy efectiva pues han editado una pegatina que será colocada en los portales de todas las comunidades de propietarios que se adhieran a la campaña. También van a colocar más 20.000 carteles en todas las comunidades de vecinos. La Federación de Barrios va a hacer lo mismo a través de sus medios de prensa y sus casi 50 asociaciones de vecinos asociadas.

La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones centraliza la toma de decisiones a nivel ministerial por lo que deja sin capacidad de decisión a los municipios. Esta ley está haciéndose a la carta para las compañías de telecomunicaciones.

La FABZ presentará en todas la juntas de distritomociones para que se informe a la ciudadanía sobre las consecuencias de la aplicación de la ley.

Además, reclamarán al ayuntamiento que manifieste su rechazo a la Ley por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleve al Gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá contar con la participación de las mismas.

Entiendo que la campaña se extenderá a todo el país. Gracias a la Ley General de Telecomunicaciones las empresas de telefonía móvil verán desaparecer todos los obstáculos para instalar antenas donde quieran, incluidos los espacios sensibles (centros escolares, hospitales, residencias geriátricas).

Será mucho más difícil poder proteger la salud pública de la contaminación electromagnética, como piden el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Agencia Europea de Medio Ambiente en varias resoluciones e informes.

Todo el desarrollo tecnológico que estamos viviendo es muy interesante, ofrece muchas posibilidades pero también hay que asumir que se produce una “presión electromagnética” sobre la población.

Con voluntad política y rigor por parte de las compañías se podría conjugar el disfrute de los servicios de telecomunicaciones móviles con el respeto a la salud ambiental. Pero desde que se introdujo en la sociedad la telefonía móvil y la multitud de servicios asociados a la misma, ha primado el beneficio económico de las compañías por encima de criterios ambientales y de salud.

Ello ha contado sin lugar a dudas con el apoyo de los diferentes gobiernos centrales y autonómicos mientras que muchos gobiernos municipales han mirado para otro lado cuando las empresas han colocado antenas en sus territorios pues la mayor parte de las mismas está situadas de manera ilegal, sin licencias municipales, por ejemplo.

La LGT podía ser una oportunidad de cambio a mejor pero la han convertido en una nueva oportunidad de negocio para las empresas del sector.

Miguel Jara