La expropiación legal de la patente del medicamento para la hepatitis C denominado Sovaldi, que comercializa el laboratorio Gilead, está en el centro del debate. La posibilidad existe y varios partidos políticos, sindicatos y organizaciones sanitarias están pidiéndolo. Es más, el comisario de Salud de la Unión Europea recuerda al Gobierno que puede tomar la medida.

Los últimos en quejarse por el precio de Sovaldi (sofosbuvir) y del sistema de patentes han sido los médicos a través de la Organización Médica Colegial (OMC), que los ha calificado de “abusivos, codiciosos e injustos”. Antes lo han hecho sindicatos como organizaciones de sanitarios como CAS Madrid, partidos como UPyD o Podemos y Organizaciones No Gubernamentales del campo farmacéutico como Farmamundi. Todos cuestionan el sistema de patentes que consideran caduco.

Tal es la preocupación en la industria porque el “incidente Sovaldi” ponga en riesgo su maná -las cosas cambiarían mucho para la industria farmacéutica si no existieran las patentes tal y como están concebidas hoy- que el principal lobby de los laboratorios en España, Farmaindustria, ha salido al para defender su negocio.

Pero “¿es posible que España expropie la patente y fabrique el medicamento a menor coste?”, se preguntan en La opinión de A Coruña. Quien contesta es Marta de Olano, vocal de distribución del Colegio de Farmacéuticos de Coruña y que durante años trabajó en la industria farmacéutica:

Legalmente sí. Tal y como defienden partidos como Podemos y UPyD u ONG como Farmamundi, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de laOrganización Mundial del Comercio incluye un artículo en que contempla las llamadas licencias obligatorias, es decir, que un país autorice a una empresa nacional que fabrique el medicamento para mercado interno al tratarse de un asunto de interés público“.

Eso sí, matiza la entrevistada, el acuerdo contempla que primero hay que intentar obtener una licencia “de forma voluntaria en términos y condiciones comerciales razonables” y que “el titular de la patente recibirá una remuneración adecuada”. Y continúa:

Algunos expertos creen que optar por expropiar la patente sería un error y perjudicaría a los pacientes españoles. ‘Se puede hacer, pero tiene sus riesgos. Yo desde luego si soy la empresa y me lo hacen a mí, no vuelvo a comercializar un medicamento en España”.

Esta de emitir licencias obligatorias es una práctica legal que desarrollan muchos países y no sólo en vías de desarrollo como Brasil, Sudáfrica o India. En Estados Unidos, país de origen de Gilead, el gobierno de George Bush hizo un amago similar en 2001, tras los atentados contra la Torres Gemelas y la posterior expansión de cartas con el temido bacilo del ántrax.

Philip Mimkes, miembro de Coordination Gegen Bayer-Gefahren (Coordinación Contra los Peligros de Bayer) -organización no gubernamental que da seguimiento a las operaciones de esta empresa farmacéutica-, cuenta la historia de esta negociación:

Después de los primeros casos de ántrax, el gobierno de Estados Unidos quiso comprar mil millones de tabletas [del antibiótico Cipro]. Bayer aumentó su producción. Pero el precio de la tableta que el consorcio vendía al ministerio de Salud de Estados Unidos era de 1,77 dólares. Al surtir mil millones de tabletas, las ganancias para Bayer serían de mil 770 millones de dólares. Un negocio redondo, considerando que el precio de producción de una tableta de Cipro es de unos cuantos centavos. Washington se negó a pagar ese precio. La confrontación no se hizo esperar”.

Bayer apeló a la ley de protección de patentes de Estados Unidos, que le otorga exclusividad para producir Cipro hasta el 2003. Como ultimátum, el ministerio de Salud pidió a Bayer bajar el precio de la tableta a menos de un dólar o de lo contrario desconocería la patente del antibiótico. Bayer aceptó. El 24 de agosto, Tommy Thompson, ministro de Salud, hizo pública la compra de 300 millones de tabletas a 95 centavos de dólar cada una. Aun así, las ganancias para el consorcio alemán serán multimillonarias”.

El Gobierno de USA consiguió una rebaja pero benefició a la farmacéutica. Es lo que está haciendo ahora España. La ex ministra de Sanidad Ana Mato consiguió una rebaja de 60.000 a 25.000 pero eso se antoja insuficiente y Gilead continúa ganando mucho pues producir su fármaco cuesta como mucho 115 euros.

Hay otra alternativa. Lo plantea el citado periódico de A Coruña:

-¿Es posible adquirir el Sovaldi en otros países? No. “Tendría que prescribirlo un médico autorizado de ese país y seguirse la reglamentación de ese país en cuanto a condiciones de uso y dispensación”, explica la farmacéutica coruñesa María Jesús Vigo, quien aclara que, en España, estos fármacos deben ser prescritos por el especialista y “sedispensan directamente en el hospital, no están disponibles en la oficina de farmacia”.

¿Y no podría España comprar el fármaco enEgipto o India?. La Oficina de patentes de India ha rechazado la solicitud de Gilead Sciences Inc. para su fármaco contra la hepatitis C facilitando el camino para que lasfarmacéuticas locales puedan producir versiones genéricas más baratas de la medicina.

La acusación que hace India es muy dura y casi nadie lo ha comentado: los “cambios menores producidos en la molécula no representaban realmente una innovación”.

Existe un acuerdo alcanzado con siete compañías para fabricar el genérico y distribuirlo a 91 países en desarrollo a un precio muy inferior. Por ello el partido UPyD ha hecho las siguientes preguntas en el Parlamento Europeo:

¿Qué posición tomaría la Comisión si un Estado miembro decidiera emitir una licencia obligatoria y fabricar genéricos de sofosbuvir?

Dado el volumen de afectados en la EU y considerando que algunos Estados miembros están planteando permitir el acceso a este medicamento solo bajo uso compasivo, ¿piensa la Comisión que este racionamiento garantiza «un alto nivel de protección de la salud humana», tal como afirma el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

Teniendo en cuenta que las compañías farmacéuticas justifican los altos precios por la necesidad de recuperar las inversiones en I+D+i, ¿qué medidas va a tomar la Comisión para lograr una mayor transparencia en los costes de las inversiones en I+D+i relativa a los fármacos?”.

La respuesta del comisario de salud:

corresponde a los Estados miembros decidir la manera de conceder a los ciudadanos de la UE el acceso a tratamientos medicamentosos innovadores”.

Lo que demuestra que cuando el Gobierno español dice que ha de ser la UE la que decida si se emiten esas licencias obligatorias, lo que hace es “escurrir el bulto”, intentar quitarse la responsabilidad de encima porque queda claro que es el Gobierno español quien puede saltarse la patente de Gilead.

Miguel Jara

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