Dice Farmaindustria, el principal lobby de los laboratorios farmacéuticos en España, que confía en el plan estratégico del ministro de Sanidad para la hepatitis C. No me extraña porque han “colocado” a los suyos en el mismo. Así se sienten como en casa a ver si a alguien se le va a ocurrir emitir una licencia obligatoria del carísimo medicamento Sovaldi.

Farmaindustria respalda “plenamente” el Plan Estratégico Nacional sobre la Hepatitis Cimpulsado por el Gobierno para elaborar un protocolo de actuación ante los casos de esta enfermedad. Da la impresión que esta patronal siente como suyo ese plan y no es para menos pues según ha denunciado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) la mayoría de los miembros de la comisión tienen relación con Gilead Sciences, la farmacéutica que posee la patente del Sovaldi y que es miembro de Farmaindustria, claro.

También se ha publicado que el gobierno ha nombrado a un consejero de Farmaindustria coordinador del Plan para la hepatitis.

Así que ese plan tiene gravísimos conflictos de intereses, que junto con el lobby y las “puertas giratorias” constituyen las herramientas básicas que usan los grupos industriales para influir sobre el poder político y que actúe según sus intereses, como están consiguiendo en este asunto.

El lobby está preocupado porque quizá por primera vez en nuestro país se ha puesto en cuestión el sistema de patentes y numerosos especialistas y colectivos están planteando que el Estado obvie la patente de Sovaldi y emita una licencia obligatoria.

Es decir, que se fabrique un fármaco genérico de Sovaldi para reducir drásticamente su precio. Esto sería legal pues los acuerdos de propiedad intelectual en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) permiten que ante situaciones de excepcionalidad en temas de salud pública que requieran el uso de ciertos fármacos puedan fabricarse copias de los mismos.

Por eso Farmaindustria dice que aboga por evitar “propuestas extremistas que coloquen a España en posiciones alejadas de la realidad”. La realidad es que hay una tercera vía también legal, claro y es que el Gobierno español comprase el fármaco original pero por ejemplo en India o en Egipto, donde es más barato por lo explicado. Para extremista la situación a la que han conducido entre gobierno y laboratorios a los enfermos de hepatitis. Mientras estos se juegan la vida, los primeros parece que estén en un casino.

Es descarado cómo este grave problema sanitario ha superado el ámbito de la salud para sumergirse en el económico. Están poniéndose los intereses de los inversores por encima de los de la salud de las personas. La explicación de porqué el Ministerio de Sanidad reconforta a Farmaindustria y ésta alaba el plan del Gobierno tiene que ver con datos como que el mencionado medicamento para la hepatitis C esté en manos del primer gran accionista privado de Bankia. Tras el fármaco que se espera que sea el más vendido del año 2015 están fondos de inversión que aglutinan a muchas multinacionales de diferentes sectores pues podemos encontrar aBayer o a Siemens o a Volkswagen.

También comentan desde Farmaindustria que “nos encontramos ante una importante encrucijada: lanecesidad de realizar una inversión a corto plazo no prevista pero que generará unos ahorros y beneficios muy superiores a medio plazo”.

Estoy de acuerdo pero visto lo visto eso ha de corresponder a la administración pública. Ésta ha hecho dejación de funciones al no invertir en investigación pública para que los medicamentos esenciales para la población sea producidos por empresas “de todos” y lleguen así con garantías aquienes los necesitan y a buenos precios.

De nuevo coincido con la patronal farmacéutica cuando dicen:

"el Estado tiene a su disposición un gran número de herramientas y gran flexibilidad para facilitar su financiación“.

Algunas ya las he explicado y es inaceptable que el Gobierno siga poniendo como excusa que emitir una licencia obligatoria ha de ser cosa de la Unión Europea. Ahora que sabemos quienes son los accionistas del fármaco se nos antoja muy difícil que la UE se ponga de acuerdo para ello por muchas muertes que sigan produciéndose en el colectivo de afectados por la hepatitis.

Aquí hay guerra económica entre los fondos de inversión y las multinacionales que los componen, gobiernos como el de España que hacen de delegados comerciales de los mismos y lobbies como Farmaindustria, que están para vigilar que el negocio no pare. La damnificada, como casi siempre, es la población que pasa de ser sujeto del acto sanitario a “daño colateral” de la codicia de unas minorías enriquecidas y quienes protegen sus intereses.

Miguel Jara

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