José Manuel Cantó, doctor en Geología, fue a principios de los años 90 director técnico de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Corrector de Vertidos Contaminantes. Después de ser expedientado por la Junta, actualmente está comprometido en la lucha contra las empresas que contaminan y contra los funcionarios y los políticos que permiten la situación.
En 1994, para evitar un desastre ecológico, Cantó denunció que la Junta no estaba tomando medidas contra las empresas que vertían miles de toneladas de ácidos débiles cargados de arsénico y otros metales pesados en depósitos mineros inadecuados, como las balsas de Aznalcóllar y Riotinto, desde donde se filtraban hasta los ríos Tinto y Odiel. Las empresas y la Junta alegaban que no se trataba de residuos peligrosos, sino de materias primas para un tratamiento industrial posterior, un tratamiento que nunca se ha producido.
La denuncia le costó que la Junta le suspendiera de empleo y sueldo durante 4 años, pero sirvió para iniciar un proceso judicial que le acabó dando la razón: el juzgado número 2 de Huelva condenó en 1998 al ex director de Atlantic Copper a un año de prisión menor y multa de cinco millones de pesetas por el transporte de ácidos débiles desde la fundición de cobre hasta Minas Riotinto. Esta balsa de residuos mineros multiplica entre 10 y 20 veces el tamaño de la que se rompió en Aznalcóllar, afectando gravemente al Parque Natural de Doñana, y su rotura “dejaría en ínfimo aquel accidente, por la cantidad y toxicidad de los vertidos que arrasarían las Marismas del Odiel”.
Cantó, que vuelve a trabajar en la administración como asesor técnico del Centro de Seguridad e Higiene, repitió en 1999 la denuncia, esta vez por delito continuado contra Atlantic Copper y Fertiberia, pues los vertidos han continuado realizándose de forma ilegal. El pasado mes de enero la jueza instructora archivó el caso, pero Cantó considera que sus argumentos son tan contradictorios que no descarta que se la denuncie por prevaricación.

“El problema es el arsénico”

Para Cantó, que actualmente preside Higia, una organización no gubernamental para la defensa de la calidad ambiental y la salud, el problema de Huelva son los metales pesados y en concreto el arsénico: “No hay que ser demasiado listo para ver lo que pasa. Hay estudios que demuestran la incidencia mayor de cáncer alrededor de las fundiciones de cobre en Suecia y Estados Unidos. Es algo objetivo y se está obviando. Aquí tenemos una fundición y tenemos cáncer. A este factor se suma que durante 35 años se han abandonado decenas de millones de toneladas de residuos tóxicos que llegan al agua de la ría por lixiviación. Sin embargo, las administraciones dicen que no pasa nada, que todo es maravilloso”.
La administración autonómica conoce a fondo el grado de contaminación y sus causas porque posee desde 1993 una auditoría ambiental de 30 tomos, elaborada por la firma Arthur Andersen y el Banco General de Medio Ambiente para Egmasa, filial de la Agencia de Medio Ambiente, en la que se describe la problemática de cada empresa y el estado de la ría. En este sentido advertía que los sedimentos se han convertido en residuos peligrosos, sin embargo fueron removidos y acumulados en lugares inadecuados al realizar un dragado para que pudieran continuar circulando buques de grandes dimensiones. El depósito de residuos del fondo de la ría está junto al espigón donde se concentra una gran cantidad de pescadores de caña, junto al Paraje natural de las Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

El poder de Atlantic Copper

Para Cantó, Atlantic Coper es la empresa que tapa la boca a todo el mundo. Es la filial española de la estadounidense Freeport-McMoRan Copper & Gold, uno de los mayores productores mundiales de cobre y oro, y considerada en 1996 una de las 10 peores empresas del mundo por la revista Multinational Monitor, que investiga el comportamiento ético de las grandes corporaciones. Freeport-McMoRan Copper & Gold envía a España, para ser fundida y refinada, la materia prima que extrae de la mayor mina del mundo (Grasberg en Indonesia).
La empresa tiene un acuerdo muy ventajoso con el gobierno indonesio gracias a la influencia de uno de sus propietarios y ejecutivos, el ex secretario de estado norteamericano Henry Kissinger. En España Atlantic Copper, a pesar de haber sido condenada por delito ecológico, ha obtenido premios de gestión ambiental.

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