Vía libre al expolio de nuestra costa con la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno

Una vez más se comprueba que el actual Gobierno del PP legisla en contra del bien común de los españoles. La Ley de Costas de 1988 garantizaba la protección y el uso público de la costa, sin embargo, el Gobierno se ha empeñado –a pesar del rechazo generalizado– en aprobar una reforma de esa ley. ¿Qué supone esta reforma? "Pues que privatizan la costa, reducen la protección, alargan las concesiones, reducen el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y muchas excepciones", declara a El Correo del Sol Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.

Tal y como denunciaba la plataforma en defensa de la Ley de Costas NO a Nuestra Costa, con esta reforma nos encontramos con los siguientes desastres:

•    Da la razón a particulares y empresas que han perdido pleitos contra el Estado en relación a la Ley de Costas.
•    No menciona, y por lo tanto ignora totalmente, los impactos del cambio climático sobre el litoral.
•    Supone la pérdida del dinero público invertido en la delimitación, recuperación y conservación del dominio público marítimo-terrestre que ahora se desprotege.
•    Implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
•    Amplía la concesión y los derechos de explotación de 30 a 75 años, postergando el problema de la ocupación privada a las futuras generaciones.
•    Excluye del Dominio Público Marítimo Terrestre ecosistemas importantes como las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento y se pierde la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos.
•    Excluye aleatoriamente del Dominio Público Marítimo Terrestre diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera sin argumentar ni dar motivos científicos por los cuales son elegidos estos tramos de costa.
•    Desprotege grandes tramos del litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías, lo que permitirá, por ejemplo, legalizar 12.500 viviendas en Galicia.
•    Permite declarar suelo urbano en el frente litoral los dos años posteriores a la aplicación de la reforma, y con ello reducir la franja de servidumbre de protección también a 20 metros en estos tramos.
•    Supone regalar terrenos públicos a manos privadas, tanto por reducir la definición del Dominio Público Marítimo Terrestre como por ampliación de la concesión a 75 años.

"El PP ahonda en su falta de democracia", continúa Oberhuber, "reformando una Ley que aboga por el interés general, como es la Ley de Costas de 1988, única y exclusivamente para favorecer al interés privado". Las asociaciones ecologistas tienen claro que esta Ley de Costas reformada supone un retroceso de 40 años. De hecho, se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente solo con los votos del PP, la abstención de CiU y el resto votó en contra por entender que se abre la puerta al "urbanismo salvaje en la costa".