¿Electro-feudalismo y electro-inquisición en pleno siglo XXI?

Si alguna cosa demuestra y pone de manifiesto el paquete legislativo sobre energía eléctrica y energías renovables que el dúo Soria-Nadal ha parido es que pone finalmente en evidencia la más completa incapacidad del Gobierno y de la Administración pública del Estado español para gestionar la complejidad de las políticas Feed-In Tariff (FIT) que el parlamento alemán inició e impuso al gobierno de aquel país

El presente Gobierno pretende encadenar a los ciudadanos, no a la tierra de los señores feudales como en la Edad Media, sino a la propiedad de los cables eléctricos que detentan los señores de la electricidad

La mala copia de aquella ley, que el gobierno de José María Aznar hizo en su día, con su afán de figurar en el ránquing europeo, nos ha llevado adonde estamos hoy: ante el intento de instaurar una especie de electro-santa-inquisición, más propia de tiempos pasados que del siglo XXI.

El camino para llegar hasta la situación actual fue debidamente trillado por los respectivos gobiernos del PSOE, que siguieron la era Aznar, pues se dedicaron  a improvisar, a base de bandazos, en función de la evolución de la situación, pero nunca fueron capaces de tomar decisiones a partir de análisis detallados de la evolución temporal de las curvas de aprendizaje de cada tecnología renovable, en el marco de diversos escenarios previsibles, ni de consensuar con la sociedad las medidas adecuadas a cada situación.

El presente Gobierno que se está comportando como un verdadero Torquemada en pleno siglo XXI, incitando a la sociedad a que ‘queme en la hoguera’ social a todos aquellos que han osado cuestionar el sacrosanto principio de que ‘la electricidad es cosa de unos pocos’ (las empresas oligopolísticas herederas de los antiguos monopolios) y que osaron aprovechar los resquicios que la legislación tenía para hacer efectivo el principio que la generación de energía era cosa de todos y no solo de los oligopolios, tal como la Directiva europea de liberalización de los mercados de la electricidad consagraba.

El ministro Soria, con la inestimable ayuda de su secretario de Estado de Energía, Nadal, más incompetentes, si cabe, que sus predecesores, tienen la pretensión de instaurar una verdadera electro-inquisición, con el objetivo de mantenernos en una especie de electro-feudalismo en pleno siglo XXI, mediante el control absoluto de la electricidad por parte de los oligopolios, haciéndonos a los ciudadanos sus electro-siervos, encadenados no a la tierra de los señores feudales como en la Edad Media, sino encadenados a la propiedad de los cables eléctricos que detentan los señores de la electricidad.

Los señores del feudo eléctrico se ‘molestaron’ porque, con el desarrollo de determinadas tecnologías disruptivas (eólica y solar FV), incitado por las políticas FIT, lideradas por Dinamarca y Alemania, y con la apropiación social de las mismas por parte de un importante sector de la ciudadanía, se cuestionara, cada vez más, el dogma de que la electricidad es cosa de pocos, dogma más propio de los orígenes de los monopolios en la industria eléctrica, hace casi un siglo, que no de la situación en Europa, después de la Directiva Europea de liberalización de la electricidad.

El paradigma eléctrico heredado del s.XX se ha manifestado incapaz de cubrir las necesidades de energía de una importante porción de sociedades humanas del planeta, vulnerando por ello los derechos humanos

Y estas ‘molestias’ se han plasmado, desde hace unos años, en una continua campaña de adoctrinamiento de la sociedad, según el dictado de UNESA, asociación que agrupa a los oligopolios de la electricidad, al son de que ‘las renovables eran las causantes de todos los males’ que aquejan al obsoleto sistema eléctrico, basado en la ineficiente generación de electricidad a partir de la energía térmica generada por la quema de combustibles no renovables y sobre el que ejercen su poder casi absoluto los oligopolios, de la misma manera que las castas dominantes en tiempos pasados, adoctrinaban a sus súbditos para que se quemara como ‘herejes’ o ‘brujas’ a aquellas personas que osaban cuestionar la ‘verdades’ impuestas por el poder establecido, apropiándose de sus bienes.

Igual que los poderes absolutos del pasado sucumbieron ante las revueltas populares, debido a la perdida de credibilidad que iban sufriendo las castas dominantes, también puede sucumbir el dominio ologopolístico sobre el sistema eléctrico, pues cada vez más la ciudadanía es consciente de sus abusos. Y  empieza a estar harta de los mismos, como lo va demostrando el creciente apoyo social que van recibiendo diferentes iniciativas de democratización del sistema eléctrico que han surgido en los últimos años.

Y más cuando hoy la sociedad ya dispone de tecnologías de generación que permiten disponer de energía (a pequeña y a gran escala) sin quemar ningún combustible y sin crear ningún tipo de contaminación, solo a base de la captación de los flujos biosféricos en el mismo lugar donde se necesita la energía y en beneficio de las comunidades humanas que la generan, asumiendo su responsabilidad de apropiación social de las tecnologías correspondientes.

El paradigma eléctrico heredado del siglo XX se ha manifestado plenamente incapaz de cubrir las necesidades de energía de una importante porción de sociedades humanas del planeta, vulnerando por ello los derechos humanos. Las energías renovables abren la puerta a que todas las sociedades humanas puedan cubrir sus necesidades de energía para disponer de una vida digna. Pero ello solo sucederá si la humanidad es capaz de apropiarse socialmente de las tecnologías que permiten el aprovechamiento energético de los flujos biosféricos. Si ello no ocurre y la sociedad renuncia a esta apropiación social, bien podría darse el caso de la instauración de una especie de electro-feudalismo... en pleno siglo XXI. 

Tal es la intención de la pareja Soria-Nadal. ¿Lo permitiremos?

Pep Puig es presidente de Eurosolar España. La Asociación Europea por las Energías Renovables es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 1988 por Hermann Scheer, que realiza su trabajo con independencia de los partidos políticos, de las instituciones, de las empresas comerciales y de los grupos de interés específico.