Hace poco publicaba el post Las ilegalidades de Big Pharma comienzan a pasarle costosas facturas. Podría completarse con facilidad con más datos. Las Big Pharma, casi todas, han pasado en los últimos años por los Tribunales de Justicia o han alcanzado acuerdos extrajudiciales. No es difícil encontrar más ejemplos.

El año 2013 se inició con informes sobre ilegalidades de GlaxoSmithKline (GSK) en China, de las que hemos dado buena cuenta en este blog. Pero otras empresas también han violado la legislación en otros países. Así, Johnson & Johnson ha pagado 70 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, específicamente en Iraq, Grecia, Polonia y Rumania.

Estados Unidos también ha investigado (o investiga) a las compañías Bristol-Myers Squibb, Merck, Baxter (sobre la que escribimos ayer a cuenta de la retirada de productos defectuosos que pueden dañar la salud y de lo que es reincidente), Eli Lilly y AstraZeneca (una empresa con muchas cosas que ocultar en España y sobre la que escribiremos a partir de septiembre) por posibles violaciones de esta ley.

Según la información difundida por el periódico conservador The Wall Street Journal, AstraZeneca reconoció que en 2013 el Departamento de Estado estaba investigando los estudios de su anticoagulante Brilinta.

Lo que explica el periódico es que ahora se ha descubierto información que sugiere que casi la mitad de los resultados más favorables para el medicamento provienen solo de los datos recabados del ensayo clínico en Hungría y en Polonia.

¿Ocultaron datos a las autoridades sanitarias para que se aprobara con mayor facilidad su fármaco? ¿Es eso lo que se publica? ¿Ocurre también en España donde la casa ensaya en la actualidad productos?

Incluso se habrían manipulado o suprimido algunos eventos adversos o muertes. En cambio, la parte del ensayo de Brilinta comparado con el competidor Plavix que se llevó a cabo en Estados Unidos no obtuvo tan buenos resultados ya que a Brilinta se le atribuyó una incidencia de muertes vasculares un 27% superior a la de Plavix.

El caso continúa investigándose, según el prestigioso periódico económico.

Ya que he citado a  Johnson & Johnson, el año pasado accedió a pagar 2.200 millones por la promoción ilegal del antipsicótico Risperdal. Ello marcó otro hito en la serie de multas gigantescas, aunque solo significaba algo más del 10% de las ventas del medicamento antes de que perdiera la patente. Según un informante, la subsidiaria de Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, organizó un esquema desvergonzado de sobornos a Omnicare Inc, una farmacia que dispensaba medicamentos en residencias de ancianos.

Lo del abuso de este y otros medicamentos con los ancianos, sobre todo en residencias, es común, como hemos ilustrado otras veces.

A finales de 2013, la Comisión Europea impuso una multa total de 22,5 millones a Johnson & Johnson y a Novartis (14,9 millones y 7,6 millones respectivamente) por firmar un acuerdo en 2005 para retrasar la entrada de genéricos de fentanyl en Holanda, violando las normas antimonopólicas. Según el acuerdo Johnson & Johnson pagaba a Novartis por retrasar la comercialización del medicamento contra el dolor.

Se da la circunstancia que acaba de publicarse una nota de alerta oficial por los daños que puede provocar este medicamento, sobre todo en su formato parches para la piel y en niños. Se han notificado varias sospechas de muertes en infantes por ello.

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